El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, al emitir su pronunciamiento y decisiones en torno a la contratación del llamado “buque fantasma” de PDVSA, pasa por alto el contrato previo de la plataforma semi sumergible que estuvo plagado de irregularidades y que ahora se encuentra bajo investigación federal en los Estados Unidos. Los responsables de la primera contratación y algunos de los que participaron en la segunda no han sido tocados por la justicia ‘selectiva’ del Ministerio Público venezolano.
Por Maibort Petit/Venezuela al Día
La contratación de arrendamiento del buque fantasma Petrosaudí Saturn—también denominado barco taladro Songa Saturn— a la empresa PetroSaudi Oil Services (Venezuela) Ltd. por parte de PDVSA Servicios, S.A. del 21 de agosto de 2010, es un hecho derivado del accidente que sufriera la plataforma Aban Pearl el 13 de abril de 2010 cuando esta se hundió en las costas del oriental estado Sucre. Se trataba de una gabarra propiedad de la empresa Aban Offshore Co., de la India, la cual había sido alquilada a Petróleos de Venezuela en 2008 por un período de cinco años para la exploración y explotación de gas natural, como parte del proyecto Mariscal Sucre. Una operación que se transó con la intermediación de la PetroMarine Energy Services LTD., compañía registrada en Singapur en agosto de 2008, poco antes de firmarse el contrato.
Este hecho es silenciado por la fiscalía general a cargo de Tarek William Saab, quien no ha hecho referencia al contrato inicial que -inclusive- fue presentado con evidencias por diputados de la Asamblea Nacional que pidieron para el momento al Ministerio Público presidido por Luisa Ortega Díaz, averiguar las irregularidades de la contratación de la cuales acusaban directamente al presidente de PDVSA, Rafael Ramírez Carreño, al presidente de la filial, PDVSA Servicios S.A, Luis Figueroa y a la representante que firmó el contrato por la empresa Petro Marine Energy Services LTD, Krishna Nittala.
La empresa con sede en Singapur y que actúo como intermediaria del contrato de arrendamiento de la plataforma Aban Pearl, Petro Marine Energy Services LTD era propiedad de la empresa Inversiones Marítimas ISAPECO S.A, una firma en Panamá a nombre de Enoc Martínez e Hidalgo Socorro. Los propietarios de la corporación panameña también aparecen como dueños de una empresa en Maracaibo, estaco Zulia, llamada ASTIVENCA.
En las acusaciones del fiscal Saab no se hace tampoco mención al hecho de que PDVSA no ha recibido compensación por el hundimiento de la plataforma. Para la fecha, el reclamo ascendía a 130 millones de dólares más los compensaciones exigidas por la Federación de Trabajadores del Petróleo, del Gas, sus similares y Derivados de Venezuela, ente que en un informe determinó, además del deterioro en la unidad, fallas en las labores de rescate del personal.
Existen investigaciones federales sobre los contratistas de la plataforma Aban Pearl. De hecho las fiscalías de Houston y Nueva York siguen las pistas de los dueños de las empresas, y de los funcionarios de PDVSA que participaron en la contratación. Algunos de ellos aparecen vinculados al empresario detenido en Estados Unidos, acusados por hechos de corrupción y sobornos a PDVSA, Roberto Rincón.
Datos de algunos funcionarios intocables por la justicia de Venezuela
Un reporte en nuestro poder señala que el Aban Pearl era una plataforma semi sumergible diseñada para operar en las aguas profundas del mar del norte y no en el Caribe. La negociación se da por gestiones de quien fuera director de PDVSA para esa fecha, Ricardo Coronado junto al entonces vicepresidente de exploración y producción, Luis Vierma y amparadas por el presidente de la petrolera venezolana, Rafael Ramírez Carreño.
Dice el informe que los directivos mencionados realizaron las gestiones pertinentes para que se firmara el contrato. A pesar que en los documentos legales no aparece reseñado que Enoc Martínez, (dueño de Inversiones Marítimas ISAPECO S.A) participó en el proceso final de contratación, según testimonios, “Martínez fue la persona que alquiló un jet Falcón (BLACK) para trasladar a los directivos firmantes desde Caracas a Maturín y su respectivo retorno a la capital venezolana el día que se firmó el polémico contrato”. En el reporte se presentan algunas evidencias que señalan que Martínez formaba parte de la intermediación con su firma de Panamá y Pdvsa. En el contrato original de Aban Pearl aparecen -tal como se denunció ante el Ministerio Público para ese momento- las firmas de la representante de Petro Marine Energy Services LTD, Krishna Nittala y del presidente saliente de PDVSA Servicios, Jesús Figueroa.
Empresa Conkor, ligada a Tarek William Saab, recibió millones en contratos con Odebrecht
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En la documentación que acompaña al reporte se explica que una vez que Jesús Figueroa firma el mencionado contrato, el funcionario fue destituido de la presidencia de PDVSA Servicios y designado como director de la filial. Para aquellos días, Luis Vierma, Ricardo Coronado y Eulogio Del Pino eran directivos de PDVSA casa matriz que opera desde el edificio de la petrolera en La Campiña. Por debajo de esa directiva se encontraban las juntas de cada filial, incluyendo PDVSA Servicios.
En el reporte se muestran los cambios relativos a la directiva de la petrolera venezolana de la época y en años posteriores. A saber, Eulogio Del Pino (preso actualmente en Caracas) reemplazó a Luis Vierma, quien a su vez fue relevado en su cargo por Ricardo Coronado
quien veía de ser director de Producción de PDVSA Occidente.
Ricardo Coronado ingresó a la Junta Directiva en 2008, junto a Bernat Mommer y se ocupó del sector Exploración y Producción. Con ese grupo de directivos también se encontraba Luis Pulido ( vinculado al escándalo PDVAL) y Faddi Kaboul, y George Kaboul, ( también relacionados con el caso PDVAL BARIVEN). En su posición, Coronado era responsable por las actividades que incluyen las tareas de perforación.
La contratación del Aban Pearl, también extiende su irresponsabilidad a toda la junta directiva y a la consultoría legal de PDVSA de ese entonces, de los cuales muchos funcionarios permanecen el olvido de las supuestas investigaciones que adelanta el actual fiscal y que se presentan como una “guerra contra la corrupción más grande del planeta”.
En el informe al que referimos aparecen reseñados otros funcionarios, entre los cuales se destaca el consultor jurídico Armando Giraud y Alexis Chacón representantes para ese entonces de PDVSA Servicios S.A quienes ordenaron la modificación de la cláusula de pago del contrato de arrendamiento de Aban Pearl por órdenes de Ricardo Coronado y José Luis Parada. Parada acababa de ser designado en el cargo de presidente de PDVSA Servicios en sustitución de Jesús Figueroa.
Se menciona que Chacón modificó el contrato mediante un addendum un mes después que fue firmado a petición de Parada y Coronado y con el visto bueno de Rafael Ramírez y los directos involucrados en la negociación. En el reporte también aparece que la situación económica de Chacón cambió a raíz de la modificación de las cláusulas, e inclusive reseña que cuando se iniciaron las gestiones administrativas para traer la plataforma Aban Pearl al Caribe, en las mismas fechas el mencionado funcionario adquirió una casa en Maturin y una camioneta Nissan del año.
En la documentación existen una serie de testimonios que aseguran que las decisiones del entonces presidente de PDVSA, Rafael Ramírez eran consultadas diariamente con el consultor jurídico, Armando Giraud. En el caso del contrato firmado por PDVSA Servicios, José Luis Parada era el funcionario que mantenía el control de las operaciones.
Parada y Rafael Ramírez mantienen una larga relación de amistad. Ambos se conocieron en Mérida donde estudiaron (ULA) y fue Ramírez quien lo llevó a PDVSA y lo designó en puestos estratégicos, primero “como jefe de Coordinación Operacional para que manejara todo el bombeo de PDVSA, luego Subgerente de Occidente, luego sustituyó a Ricardo Coronado como gerente general de Occidente y así pasó por varios cargos hasta que llegó a director ejecutivo de producción en la casa matriz, La Campiña y pasa a encargarse de toda la producción de la petrolera y a la vez pasó a ser presidente de PDVSA Servicios S.A.” agrega el informe.
Así mismo se señala que existe una estrecha relación de Ricardo Coronado Fernández con Rafael Ramírez. Coronado pasó a ser de superintendente en Barinas a director de algo rango en PDVSA. Cuando José Luis Parada fue detenido en febrero de 2015 en el Aeroclub del Aeropuerto Internacional La Chinita en la ciudad de Maracaibo, Coronado huyó a la ciudad de Houston, Texas donde se estableció desde ese entonces.
En el momento de la contratación del Aban Pearl, la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (FUTPV), a través de uno de sus directivos, a saber, Eudis Girot, denunció que la plataforma presentaba fallas de entrada de agua meses antes del accidente. También, medios de Trinidad y Tobago informaron que la plataforma tuvo problemas de flotación cuando era conducida a Venezuela.
La empresa Aban Offshore Co., dueña de la plataforma semi sumergible, recibió USD 358.000 diarios por el alquiler de la misma según publicó el portal Petroleum World, publicación que refirió que PDVSA indicó en su Informe Anual para 2008 que el costo del contrato por un período de cinco años alcanzó la cifra de USD 1,315,000,000. Esto datos llevan a deducir que el alquiler diario del Aban Pearl rondaba 730 mil dólares diarios, más del doble de lo cobrado por el propietario de la dicha plataforma.
En un informe técnico se asegura que una investigación por parte de Petróleos de Venezuela (PDVSA) determinará las razones por las cuales se produjo la entrada de agua al sistema de la plataforma de gas costa afuera Aban Pearl, en el estado Sucre, oriente de Venezuela, y que fue lo qué impidió controlar la operación y el equilibrio de la estructura.
En el reporte citado como fuente principal de esta nota dice que “la empresa PetroMarine Energy fue creada -específicamente- para los fines del mencionado contrato y a efectos de justificar el pago indebido de un sobreprecio, dañando gravemente los intereses del país”.
PDVSA suscribió un contrato con una pequeña empresa (PetroMarine Energy Services LTD.) sin suficiente capital y experiencia, cuyos reales y verdaderos accionistas tampoco se conocían y que no era la dueña del equipo a ser arrendado. La empresa apareció como intermediaria para para justificar el pago a una compañía que resultaba absolutamente innecesaria, y cuya negociación conllevó un sobreprecio que parecería sobrepasar cantidad de 50 a 500 millones de dólares durante la vigencia del contrato.
“Existen pocas dudas de que los contratistas de Petro Marine Energy tuvieron un tratamiento especial por parte de PDVSA. No hubo licitación de un contrato de gran magnitud y la compañía se registró en Singapore poco antes de obtener la contratación, con esa finalidad específica” dice el reporte.
En una entrega reciente publicada en mi blog, comentamos que la filial de Petróleos de Venezuela., S.A., PDVSA Servicios, S.A, firmó un segundo contrato de alquiler sin haber recurrido al mecanismo de licitación sino que recurrió a la fórmula de adjudicación directa de la Unidad de Perforación Costa Afuera-Songa Saturn por un monto de USD 1.302.645.907,86 por un periodo de siete años a la empresa PetroSaudiOil Services (Venezuela), Ltd. citada anteriormente. Ver nota AQUÍ
Aquí pueden encontrar los detalles del contrato inicial suscrito entre PDVSA Servicios, S.A., representada para ese entonces por su presidente, Jesús Figueroa y Krishna Nittala de Petromarine Energy Services Ltd., el cual estuvo identificado con el número 4600027060.
Sobre Petromarine Energy Services Ltd
De acuerdo con la página Find the company, Petromarine Energy Services Ltd[6] tiene su sede en el 30 Shaw Road, Singapur, 367957. Singapur. El teléfono es (656) 732-0968. Es curiosa la descripción que se hace de la compañía como “una pequeña organización en la industria de las compañías de productos petrolíferos ubicada en Singapur, Singapur. Tiene 2 empleados a tiempo completo”. Es llamativo, por tanto que PDVSA le haya adjudicado a una empresa de apenas estas dimensiones un contrato de la envergadura del arrendamiento de la plataforma Aban Pearl.
The Green Book ofrece otra dirección, a saber, 3 Killiney Rd #07-05 Winsland Hse 1 S(239519) y el teléfono +65 67328768.
La empresa Petro Marine Energy services LTD. tiene como directores —designados entre mayo y junio de 2008— Daphne Theodora Grek Yalipsos Casillas (mexicana, residenciada en Atenas, Grecia), Krishna Kumar Nittala (residente de Singapur), y Christof Schlaubitz (alemán, quien vive en las Residencias Partagás, La Castellana, Caracas, Venezuela).
Como propietaria de Petro Marine parece una empresa registrada en Panamá de nombre Inversiones ISAPECO S.A., cuya dirección es un P.O. Box y su capital es de 10 mil dólares. Los representantes de esta empresa para 2010 eran Eric Stanziola, Jacobo Abdiel Juliao, Antonio Sánchez y Marlene Appleton, presidente, secretarios y tesorera, respectivamente. Igualmente en el portal se hace referencia a una averiguación que llevó a determinar en julio de 2012 que a través de un documento notariado Eric Stanziola da cuenta de que los propietarios de esta empresa son Enoc Martínez e Hidalgo Socorro, quienes tienen igualdad de participación accionaria, 50 acciones valoradas en USD 500 cada una, según datos aportados por el experto petrolero Gustavo Coronel.
Petro Marine es propiedad del mismo dueño de ASTIVENCA, una empresa contratista de PDVSA basada en Maracaibo y que Enoc Martínez habría viajado a Singapur para la firma del contrato de alquiler a PDVSA. Se indica en la nota que Petro Marine también está registrada en Caracas con un capital de USD 500 e Hidalgo Socorro aparece como su representante legal. Martínez y Socorro poseen otras empresas en Miami (Aceros de América, The Worlwide Group y ASTIVENCA).
Enoc Martínez e Hidalgo Socorro son actualmente investigados en los Estados Unidos y Guatemala por delitos de corrupción y lavado de dinero.
Las irregularidades
El daño que el erario público venezolano sufrió con la subcontratación de la plataforma Aban Pearl a Petromarine Energy Services Ltd, operación que fue hecha con un sobreprecio de hasta 50 millones de dólares, de acuerdo a una denuncia presentada por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional a la Fiscalía General de la República en tiempos en que Luisa Ortega era su titular.
La Asamblea Nacional investigó en 2007 a Luis Vierma, vicepresidente de Producción y Exploración de PDVSA para la época, como responsable de haber otorgado a contratos a empresas de maletín y con ello haber defraudado al a estatal petrolera. A este ejecutivo se lo señaló como el promotor de la contratación de la plataforma Aban Pearl. Sin embargo, por este hecho y otras irregularidades comprobadas y admitidas por el funcionario, Vierma no recibió ninguna sanción, se jubiló de PDVSA y se dedicó por completo a Iroquois Capital Opportunity Fund, donde aparece como el socio accionista de mayor importancia del mencionado fondo, que sobrepasa los 250 millones de dólares.
El informe de la Comisión de Contraloría
Luego de investigación iniciada de oficio por el diputado Freddy Guevara y aprobada por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional que le dio el visto bueno a esta averiguación, el ente parlamentario rindió su informe el 17 de febrero de 2016.
El expediente del procedimiento estaba identificado con el número 1648 recogió las presuntas irregularidades administrativas en contra del patrimonio público por parte de Rafael Ramírez durante su gestión como presidente de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA, entre los años 2004 y 2014, la cual estuvo caracterizada por un conjunto de hechos irregulares entre los que se encuentra el caso de la “Gabarra Aban Pearl”.
Refiere dicho informe que en el año 2008 la Filial de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), PDVSA Servicios S.A. contrató el arrendamiento de la gabarra “Aban Pearl” con la empresa Petromarine Energy Services LTD, registrada en Singapur, por ante el organismo Accounting and Corporate Regulatory Authority, ACRA, con el número 200722556N.
Indica el informe parlamentario que el contrato establece una inversión asociada de aproximadamente USD 1.315.818.950 que concuerdan con lo rendido por el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo en su Memoria y Cuenta del año 2008 en las páginas 1005 y 1006. Igualmente confirma el canon de arrendamiento señalado en esta nota líneas más arriba era de USD 730.000,00 diarios durante un período de cinco años.
Del mismo modo, la comisión comprobó el subarrendamiento de la plataforma “Aban Pearl” por parte de Petromarine que la tomaba en alquiler de la auténtica propietaria de la gabarra, la compañía Aban Offshore Limited. Con esto, el ente parlamentario asegura que se violó lo dispuesto en la reglamentación referente a las contrataciones con Petróleos de Venezuela, S.A. al no haberse observado las normas del Manual de Mecanismos y Contrataciones de PDVSA y sus Empresas Filiales, “que según consta en los estatutos de la empresa Bariven S.A. consagrados en el Acta Constitutiva y Estatutaria, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda bajo el Nº 31, Tomo 59- A Sgdo, en fecha 23 de diciembre de 1975, su objeto es ‘(…) comprar, vender o permutar bienes muebles o inmuebles, dentro o fuera de la República y con este objeto, podrá emitir o adquirir obligaciones; la prestación de servicios de ingeniería, de asesoría y consultoría; la prestación de servicios para el desarrollo de infraestructuras y ejecución de proyectos, incluyendo la administración y gestión de proyectos dentro o fuera de la República y la prestación de otros servicios; la sociedad podrá promover, como accionista o no; otras sociedades civiles o mercantiles y asociarse con personas naturales o jurídicas, todo conforme a la ley; fusionar, reestructurar o disolver empresas de su propiedad; otorgar y obtener créditos, financiamientos, fianzas, avales o garantías, de cualquier tipo y en general, realizar todas aquellas operaciones, contratos y actos comerciales que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento del mencionado objeto’; todo ello en nombre de PDVSA, lo cual quiere decir que era Bariven S.A. quien debía hacer el alquiler de la gabarra y no Petromarine, puesto que la única empresa encargada de fungir como intermediaria en las compras de la Estatal Petrolera es la filial Bariven; en tal sentido existe una violación flagrante del principio de transparencia de los actos administrativos; además de infracciones a las regulaciones referentes a la contratación con el Estado estipuladas en la Ley de Contrataciones Públicas 28 aplicable para el momento, en la Ley contra la Corrupción29 vigente en el período en el cual sucedieron los hechos y del manual mencionado con anterioridad”, deja sentado con claridad el informe de la Comisión Permanente de Contraloría.
Agrega que no solamente hubo infracción sobre los fondos públicos, sino también contratación con un intermediario indebido y sobreprecio en el pago del canon de arrendamiento, el cual asciende a USD 444.000,00 diarios. Explican que este diferencial se obtiene de lo declarado por el Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo en la Memoria y Cuenta del año 2008 (USD 730.000,00) y lo consagrado en el Reporte de la empresa Aban Offshore denominado “Aban Offshore Limited. Annual Report 2010-11” en el que dice haber recibido una suma considerablemente inferior a lo establecido por el Ministerio que asciende a la cantidad de USD 286.000,00 diarios por motivo de la renta por alquiler.
Concluyó la Comisión de Contraloría que la contratación del Aban Pearl hubo una afectación diaria al patrimonio público de USD 444.000,00 que, al multiplicarse por el total de 580 días de alquiler por USD 257.520.000,00 equivale a Bs.553.668.000,00 en pago de sobreprecios indebidos y contrarios al ordenamiento jurídico venezolano. Esto, además de la contratación ilegal con una empresa intermediaria distinta a Bariven S.A., facultada para actuar con tal carácter en representación de Petróleos de Venezuela.
Condena mínima a contratistas por delatar corruptos de la cúpula de PDVSA https://t.co/BbQJBCvjdl
— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) January 30, 2018
En tiempos de Luisa Ortega Díaz en el Ministerio Público, los diputados de la Asamblea Nacional, Ismael García, Juan José Molina y Wilmer Azuaje denunciaron y acusaron a Rafael Ramírez (presidente de PDVSA), a Jesús Figueroa (presidente de PDVSA Servicios) y Krishma Kumar Nittala, quien suscribe el contrato por parte de Petro Marine.
Los parlamentarios advirtieron la falta de licitación para adjudicar el contrato, el sobreprecio en el mismo, la intermediación indebida de la empresa PetroMarine y que esta compañía fue registrada en Singapur únicamente con el propósito de la firma del contrato con PDVSA Servicios para el arrendamiento del Aban Pearl. Señalaron los diputados que la empresa panameña dueña de la empresa intermediaria tenía un capital de solamente de USD 10.000, un monto que en nada se compadece con la magnitud de la cifra de arrendamiento de la plataforma de perforación. Añadieron, que cinco, que los dueños de la empresa de Singapur son contratistas de PDVSA en Venezuela.
¿Seguirá el fiscal Tarek William Saab guardando silencio?
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