No hay ninguna definición universalmente aceptada de lo que constituye un “Estado mafioso”. A continuación se presentan siete argumentos por los que pensamos que Venezuela puede ser considerada como tal y cuáles son las implicaciones de ello para esta turbulenta nación andina como centro regional del crimen. Insight crime
1. Penetración del crimen organizado en altos nivel de las instituciones del Estado
Durante los últimos tres años, InSight Crime les ha seguido la pista a individuos que, creemos, tienen vínculos con el crimen organizado y han ocupado u ocupan actualmente altos cargos en las instituciones del Estado venezolano. Hemos encontrado a 123 funcionarios quienes, creemos que con seguridad, están involucrados en actividades criminales. Por razones legales no publicamos la lista completa, pero algunos de los casos más evidentes se nombran en la sección denominada “El narcotráfico al interior del régimen venezolano: El Cartel de los Soles”.
Nuestras investigaciones han dejado claro que en los niveles más altos de las siguientes instituciones trabajan personas que creemos que están o han estado involucradas en actividades criminales: La Vicepresidencia, el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el Ministerio de Estado para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, la Guardia Nacional Bolivariana, la Fuerza Armada Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Este artículo es parte de una investigación sobre crimen organizado en Venezuela. Vea otras partes de la investigación aquí y el informe completo aquí
La penetración criminal en tantas instituciones y el hecho de que estas constituyan los órganos principales del Estado en la lucha contra el crimen organizado, significa que Venezuela no puede ni siquiera detener el crimen organizado, mucho menos combatirlo con eficacia. Con tantos actores estatales con intereses en la actividad criminal, bien sea que se trate del contrabando de combustible, la venta de alimentos y medicinas en el mercado negro, o el tráfico de cocaína, solamente este factor es suficiente para considerar a Venezuela como un Estado mafioso.
2. Evidencia de cleptocracia
¿Cómo es que un país que se asienta sobre una de las mayores reservas de petróleo del mundo después del Medio Oriente cae en la quiebra? Debido a unos niveles asombrosos de incompetencia, corrupción y cleptocracia.
Las arcas del Estado han sido saqueadas a escala industrial por la élite Bolivariana. Dado que no hay transparencia ni contabilidad pública de los presupuestos o gastos del Estado, es difícil calcular cuánto ha sido saqueado del país. Una investigación llevada a cabo por un Comité del Congreso calcula que la cifra llega a US$70 mil millones. Un exministro ha afirmado que la cifra se acerca más bien US$300 mil millones.
Debido a que no hay datos confiables, lo único que podemos hacer es reconocer la magnitud de la corrupción y analizar a algunos de sus principales promotores. Uno de ellos es la falta de transparencia. Venezuela ocupa el puesto 166 de los 176 países incluidos en el Índice de Percepción de Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional. Si nadie sabe cuánto gana el Estado ni cómo lo gasta, no hay tampoco rendición de cuentas y, por lo tanto, los funcionarios que controlan los presupuestos pueden fácilmente desviar fondos hacia sus bolsillos o los de sus amigos. Esta cleptocracia ha sido sin duda uno de los principales factores que ha llevado a Venezuela al borde del colapso económico y a la quiebra.
Los controles que el Gobierno venezolano estableció sobre los precios y la moneda desde febrero de 2003 fueron uno de los principales activadores de la corrupción y la cleptocracia durante el gobierno de Hugo Chávez. Y esto continúa actualmente, aunque a una escala mucho menor porque los recursos han mermado.
“El sistema fue creado para que pudiera ser violentado”, dijo Alejandro Rebolledo, abogado venezolano especializado en crimen organizado, durante una entrevista con InSight Crime en Caracas. Las tasas de cambio diferenciales fueron creadas con la premisa de evitar la fuga de capitales a raíz de las huelgas generalizadas que habían conducido al golpe de Estado en 2002. Inmediatamente dieron lugar a “perversos incentivos”, según Carlos Miguel Álvarez, analista del centro de estudios venezolano Ecoanalítica. Empresas sin escrúpulos y funcionarios corruptos podían comprar dólares “baratos” a la tarifa oficial y venderlos por muchos más bolívares en el mercado negro.
Los importadores “inflaron agresivamente el valor de los bienes introducidos al país, con el fin de obtener dólares estadounidenses a bajísimas tasas de cambio. A veces, incluso falsificaban los cargamentos y no importaban absolutamente nada”, según una investigación del New York Times.
Narcotráfico en el régimen venezolano: El “Cartel de los Soles”… ¿QUIÉNES ESTÁN DETRAS? https://t.co/TSfv1hCkcv
— Venezuela al Dia (@venezuelaaldia) May 19, 2018
Actualmente, el sistema cambiario se utiliza para mantener la lealtad de ciertos sectores clave, que tienen acceso privilegiado a los dólares estadounidenses, lo que les permite obtener enormes ganancias. Hoy en día, el principal beneficiario es el ejército, que controla la importación y distribución de alimentos y medicinas y se beneficia criminalmente de este monopolio.
3. Delegación de poderes estatales a actores irregulares e ilegales
Tras el golpe militar de 2002 que derrocó a Hugo Chávez durante 48 horas, el presidente hizo cambios claves en las palancas del poder para asegurarse de que no volvería a ser derrocado. Una de las medidas que adoptó consistió en delegar funciones del Estado a elementos irregulares e incluso criminales. Además, las fuerzas de seguridad perdieron el monopolio sobre las armas. En su lugar, ha habido una proliferación de armas y municiones en manos criminales, bien sea a propósito o mediante la corrupción. En esta serie investigativa hay dos artículos dedicados a dos temas que son ejemplos de esto último: “La delegación del poder estatal: Los ‘colectivos’” y “La delegación del poder estatal: Los ‘pranes’”
Los colectivos son grupos irregulares, generalmente armados, que ejercen control sobre muchos barrios, principalmente en Caracas. Históricamente han disfrutado de la aprobación del Gobierno y por lo tanto de cierto grado de legitimidad, pero, en última instancia, no rinden cuentas ante nadie. Estos grupos ejercen “vigilancia policial” en sus áreas de influencia y algunos incluso proveen un sistema de justicia paralelo. Si bien inicialmente fueron financiados por el Gobierno de Venezuela, han recurrido cada vez más a actividades criminales para autofinanciarse, principalmente el narcomenudeo y la extorsión. El Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha utilizado a los colectivos para ejercer control social en sus áreas de influencia y para disolver las protestas de la oposición.
Los pranes son los jefes criminales en el sistema carcelario de Venezuela. Durante la administración de la ministra Iris Varela, el Gobierno ha entregado a los pranes gran parte del control del sistema penitenciario, asumiendo que ellos controlan la violencia y evitan los desórdenes al interior del sistema penitenciario. El sistema de pranes ha llegado a ser tan poderoso y exitoso, que sus estructuras criminales ya operan por fuera de las paredes de las prisiones, a menudo en conjunto con las llamadas “megabandas” —estructuras criminales que ejercen el control sobre gran parte del hampa venezolana—.
4. Crecimiento exponencial del crimen organizado venezolano
Venezuela no tiene una larga tradición de crimen organizado. De hecho, hasta hace muy poco eran las mafias colombianas las que controlaban gran parte del tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro, crímenes que se daban sobre todo en los estados fronterizos.
Hoy en día la criminalidad es rampante, y Venezuela es quizá la capital del secuestro en América Latina (aunque no se dispone de datos sólidos para apoyar esta afirmación).
Desde el principio, el régimen bolivariano adoptó una actitud extraña frente a la criminalidad. En un famoso discurso de Chávez poco después de llegar a la presidencia, él perdonaba a quienes robaban para alimentar a sus familias; sus comentarios han sido interpretados como un fomento de la delincuencia.
“La verdad es que sí, si yo fuera un joven con una hija a punto de morir de hambre, creo que saldría a medianoche a hacer algo para para evitar que fuera a la tumba, ¿no creen?”, dijo en un discurso público.
“Los ricos son malos y los pobres son explotados; los pobres son delincuentes o violentos porque son pobres y explotados,” así es como Roberto Briceño-León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), describe la justificación ideológica del régimen para tolerar la criminalidad.
Ha habido una serie de políticas gubernamentales que han beneficiado directamente al crimen organizado. Uno de ellos comenzó en 2013, cuando el gobierno empezó a implementar lo que se conoce como su política de “zonas de paz”. Esta política, dirigida por José Vicente Rangel Ávalos, actual alcalde del municipio de Sucre en Caracas, pretendía generar inversión social en áreas de alta criminalidad y negociar con las comunidades locales con el fin de reducir el crimen. Lo que realmente ocurrió fue que Rangel Ávalos se juntó con los líderes de las megabandas.
Según algunos informes, parte de las negociaciones entre el Gobierno y las megabandas consistió en un arreglo verbal para no permitir que las fuerzas de seguridad del Estado ingresaran a ciertas zonas sin un acuerdo previo. Rangel Ávalos negó que aquello fuera cierto, pero algunos analistas y medios de comunicación informaron que el Gobierno efectivamente les había entregado el control de dichas áreas a las pandillas. Estas se convirtieron entonces en la ley de facto, y de esta manera aumentaron su confianza, poder y control territorial. La ausencia de las fuerzas de seguridad fue el factor fundamental para el crecimiento de las pandillas. Así como los pranes en las cárceles, las megabandas lograron crear un Estado dentro del Estado.
“Abandonaron a la gente cuando le dijeron a la policía local, municipal y estatal que no podían patrullar estas [zonas de paz] para evitar malos entendidos […] Y entonces los criminales dijeron: ‘¡hey! hermano, esta es mi oportunidad para convertir esta área en nuestro territorio, para traer secuestrados, cobrar rescates, para proteger a las personas que viven aquí'”, dijo Fermín Mármol, abogado y exdirector de la policía, en conversación con InSight Crime.
La política de las zonas de paz, que nunca fue reconocida oficialmente por el Gobierno, ya no continúa vigente, pero las zonas en las que se ejerció siguen siendo algunas de las áreas con mayores índices de criminalidad.
Las investigaciones adelantadas por InSight Crime indican que hay entre 12 y 16 megabandas, algunas con más de 300 miembros, actualmente en operación en Venezuela, principalmente en los estados de Miranda, Guárico, Carabobo, Aragua, Zulia, Bolívar, Táchira y en la capital, Caracas.
En estrecha relación con el crecimiento de las bandas criminales se ha dado también el aumento de las economías ilegales. La más grande de estas ha sido el contrabando de combustibles subsidiados, cuyo precio de compra es el más barato del mundo, hacia Brasil y Colombia. Este negocio está en gran parte en manos de la Guardia Nacional, en cooperación con grupos colombianos. Pero se ha creado una serie mucho más generalizada de mercados negros mediante el sistema de subsidios gubernamentales para los alimentos y los medicamentos. Este mercado negro ha promovido el crecimiento de los actores criminales, que se benefician de su comercio o tráfico. Actualmente, casi todos los venezolanos negocian en los mercados negros, y muchos actores estatales, así como actores criminales, se beneficien de ellos; de nuevo, esto disuelve la línea entre el Estado y los criminales, socavando la legitimidad del Gobierno.
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